El pasado 3 de abril entró en vigor una reforma clave en el ámbito jurídico español: la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de acudir a los tribunales en asuntos civiles y mercantiles. Esta medida, recogida en la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, busca reducir la carga judicial y promover vías más ágiles y colaborativas para solucionar conflictos.
Su imposición condiciona la admisión de muchas demandas civiles y mercantiles, con ambigüedades que generan inquietud entre particulares, empresas y profesionales del derecho. Muchos son los que temen que este nuevo requisito suponga un retraso en la resolución de las disputas, así como una mayor complejidad a la hora de gestionar un conflicto legal. A pesar de ello, el Ministerio de Justicia defiende la medida como un avance hacia una justicia más eficiente y cercana al ciudadano, e insiste en la necesidad de fomentar el conocimiento y uso de estas herramientas alternativas como la mediación, la conciliación privada o la intervención de un mediador experto independiente.
Ante este nuevo escenario, el seguro de protección jurídica cobra una relevancia sin precedentes en España. Esta modalidad de seguro no solo ofrece respaldo económico para cubrir gastos legales. También asesoramiento a distancia, orientación, defensa y reclamación en procedimientos administrativos, arbitrales o judiciales. Con la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como paso previo al inicio de cualquier proceso judicial, contar con este magnífico producto asegurador es una ayuda esencial para particulares, familias, negocios, pymes e incluso Comunidades de Propietarios. En este artículo te explicamos por qué el seguro de protección jurídica se ha vuelto más necesario que nunca con la irrupción de los MASC.
Hablemos de la Ley Orgánica 1/2025
Antes de adentrarnos en los detalles sobre qué son los MASC y cómo funcionan, es importante comprender el espíritu de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, recientemente aprobada y en vigor. Su finalidad principal es clara: incentivar que las partes implicadas en un conflicto intenten resolverlo mediante el diálogo y la negociación, dejando la vía judicial como último recurso cuando no haya sido posible alcanzar un acuerdo. Ya sea de manera directa o con la ayuda de un profesional imparcial. Debemos tener en cuenta que utilizar los servicios de abogado puede ser caro, pero no utilizarlo todavía más porque se desconoce el impacto legal de lo que se firme.
Los cambios sustanciales en el funcionamiento del sistema de justicia civil y mercantil son:
- La obligación de recurrir a los MASC antes de presentar una demanda en determinadas materias, un paso previo imprescindible en muchos casos.
- La modernización del sistema judicial, mediante la digitalización y simplificación de los trámites para hacerlos más accesibles y eficaces.
- La reducción de la carga de trabajo de los juzgados, al promover mecanismos alternativos que aligeren los tiempos de respuesta.
En conjunto, esta ley representa un cambio de paradigma. Se quiere instaurar una «cultura del acuerdo», donde la resolución de conflictos se base en el entendimiento mutuo y no en la confrontación judicial. Una transformación que, sin duda, tendrá un gran impacto en la ciudadanía, tejido empresarial e incluso en las Comunidades de Propietarios, donde las actividades molestas, el mal uso de las zonas comunes del edificio y el incumplimiento del pago de cuotas o derramas son alguna de las causas de conflictos entre los copropietarios.
¿En qué consisten los MASC?
El acrónimo MASC simplifica aquellos Medios Adecuados de Solución de Controversias. Es decir, formas alternativas de resolver un conflicto sin necesidad de acudir directamente a los tribunales. La idea es que las partes intenten arreglar sus cuitas por su cuenta o con la ayuda de un tercero neutral. Este paso previo, en la mayoría de los casos, ya no es opcional: la nueva ley lo exige como requisito antes de iniciar un procedimiento civil o mercantil.
Si una persona o colectivo quiere presentar una demanda, tendrá que demostrar que ha intentado solucionar el problema mediante un MASC. Si no puede acreditarlo correctamente, el juzgado no aceptará el caso. Así de claro.
Tipos de MASC reconocidos por la ley
La ley contempla diferentes formas de MASC, en las que el seguro de protección jurídica puede aportar un papel relevante:
- Mediación: un tercero neutral facilita el diálogo entre las partes para que lleguen a un acuerdo. Seguro obligatorio por la Ley de Contrato de Seguro 50/2012.
- Conciliación privada: un profesional imparcial propone soluciones concretas al problema.
- Opinión de experto independiente: un dictamen técnico emitido por un profesional cualificado, no vinculante, pero con peso objetivo.
- Oferta vinculante confidencial: una propuesta que debe ser aceptada de manera expresa, y que ambas partes se obligan a cumplir lo acordado
- Derecho colaborativo: abogados y partes colaboran para alcanzar un acuerdo, renunciando a acudir al juzgado si no lo logran.
También se incluye la negociación directa entre las partes o cualquier otro mecanismo reconocido legalmente.
¿Cuándo se considera que el MASC ha finalizado?
Para que se considere que se ha cumplido con este paso, hay que poder demostrarlo, con un documento firmado por ambas partes, justificante del profesional que haya intervenido o una prueba clara del intento real de diálogo.
Si tras intentar solucionar un conflicto mediante un MASC, no hay respuesta, no se llega a un acuerdo o pasa demasiado tiempo sin avances, se considera que el proceso ha terminado sin éxito y se puede acudir a los tribunales.
En conflictos individuales entre consumidores y empresas, basta con demostrar que se ha presentado una reclamación extrajudicial. En el ámbito financiero, también será válido si ya existe una resolución del Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Seguros.
Excepciones y casos especiales
Los MASC se aplican en conflictos civiles y mercantiles, incluso transfronterizos, con excepción de:
- Materias que no puedan ser negociadas por las partes (por ejemplo, derechos fundamentales).
- Asuntos laborales, penales, concursales o en los que intervenga el sector público.
- Procedimientos especiales como filiación, medidas cautelares o juicios ejecutivos.
¿Por qué el seguro de protección jurídica es clave en este nuevo contexto?
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 ha marcado un antes y un después en la forma de afrontar los conflictos legales. Al exigir que, antes de acudir a los tribunales, se intente una solución mediante un MASC, el seguro de protección jurídica, por su reducido importe, adquiere una espectacular relevancia. Y es que los honorarios profesionales de cualquiera de las figuras elegidas supone un coste que, sin este producto asegurador, podrían ser difíciles de asumir.
Contratar una póliza de protección jurídica significa que se dispone de un asesoramiento profesional desde el primer momento, ya sea en el ámbito personal, familiar o profesional. Ante un desacuerdo, una reclamación o cualquier situación que pueda derivar en un MASC o un procedimiento judicial, el asegurado tiene a su disposición un equipo jurídico que le orienta y se ocupa de los trámites legales. Además, el seguro, hasta los límites acordados, asume costes derivados de ese procedimiento administrativo, arbitral o judicial, con total libertad de elección, lo que evita que el aspecto económico sea un freno a la hora de ejercer nuestros derechos con firmeza.
¿Dónde puede ser aplicable el seguro de defensa jurídica?
En la vida diaria, son muchas las situaciones en las que puede ser útil: desde conflictos relacionados con la vivienda, la compra de un producto o servicio, hasta asuntos más complejos. Y en el caso de las Comunidades de Propietarios, el seguro de protección jurídica es una herramienta muy valiosa. Permite afrontar los impagos, las reclamaciones a empresas de servicios, a la compañía de seguros del edificio por siniestros excluidos o tasados de forma insuficiente o los conflictos vecinales, sin recurrir a derramas. Además, protege legalmente al presidente de la comunidad, a la Junta de Propietarios y al Administrador de Fincas cuando actúa en nombre de la comunidad.
En un contexto donde es obligatorio demostrar que se ha intentado una solución negociada antes de llegar a los tribunales, contar con un seguro de protección jurídica se convierte en una decisión estratégica. No solo cubre gastos, sino que aporta asesoramiento y apoyo durante todo el proceso. Una inversión que da tranquilidad y evita dolores de cabeza.
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